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BREVE HISTORIA del BANCO DE ESPAÑA

La historia del Banco de España empieza hace más de dos siglos. El 2 de junio de 1782 fue fundado, por Real Cédula del Rey Carlos III, el Banco Nacional de San Carlos, primer banco moderno español y antecesor directo del actual Banco de España. Su capital era privado, pero fue establecido bajo la protección real, de donde le viene su nombre.

Su fundación estuvo estrechamente vinculada con el crecimiento de la deuda pública, vinculación que pervivió durante su larga vida y a través de sucesivos cambios. Su primer director y principal inspirador fue Francisco Cabarrús, un banquero francés instalado en Madrid, que dos años antes, en 1780, había ya negociado con la Real Hacienda la emisión y colocación de una nueva forma de deuda pública, los llamados vales reales. Estos vales reales proporcionaban un interés del 4 por 100 y tenían propiedades de papel moneda en operaciones al por mayor y en el pago de impuestos. Uno de los principales objetivos que se asignaron al nuevo banco fue precisamente hacer frente a la depreciación que sufrían los vales reales. Para ello se le autorizó a adquirirlos, cuando se le presentasen a la vista, pudiéndolos pagar en metálico. El Banco de San Carlos tenía capacidad de emitir billetes al portador, aunque no usó de esta facultad más que en cortos períodos. Aunque en los primeros tiempos las operaciones del Banco fueron bien, más tarde las implicaciones de la corona española en una serie continuada de guerras entre 1793 y 1814 llevaron al Banco a una situación de serias dificultades.

A pesar de que el Estado debía al Banco, en 1814, más de 300 millones de reales -lo que equivaldría a 75 millones de pesetas-, la institución permaneció abierta y en funcionamiento, reducida a una nueva labor de descuentos en Madrid y de negociación de letras sobre otras plazas. Los accionistas del Banco Nacional de San Carlos confiaban en que la Real Hacienda devolviera, al menos, una parte de su débito con la institución, cosa que finalmente ocurrió en 1829. El entonces ministro de Hacienda, Luis López Ballesteros, había instituido en la práctica, y de manera definitiva, el sistema de presupuestos anuales de gastos e ingresos públicos. Por ello, precisaba de una entidad financiera que adelantara recursos, a corto plazo, al Gobierno, a fin de salvar los desfases entre salidas y entradas de dinero en el Tesoro. Concibió la idea de dotar al Banco de San Carlos con un fondo de 40 millones de reales. Sus accionistas, entonces, fundaron una nueva institución emisora con el nombre de Banco Español de San Fernando. Este Banco sí usó, aunque con extraordinaria prudencia, la facultad de emitir billetes. Hasta 1844 fue el único banco emisor que hubo en España. En dicho año se crearon otros dos bancos con poder de imprimir y poner en circulación papel moneda. Estos fueron el Banco de Isabel II -también en Madrid, como el de San Fernando- y el Banco de Barcelona. En 1846 fue creado el Banco de Cádiz con la misión de difundir, en dicha ciudad, los billetes del Banco de Isabel II.

El Banco de Isabel II apareció como un competidor del Banco Español de San Fernando en la circulación de papel moneda en Madrid. En este campo, la nueva entidad mostró una gran capacidad de iniciativa y de innovación. Desde el punto de vista de la concesión de crédito, ambas instituciones seguían pautas diferentes. El Banco de San Fernando mantenía sus tradicionales vínculos con el Estado. El Banco de Isabel II se dirigió con preferencia a satisfacer la demanda de crédito del sector privado de la economía, en pleno ciclo al alza en las inversiones y en la producción. El error de concentrar riesgos en unos determinados deudores determinó que este Banco -en un momento de crisis financiera, en 1847- corriera el riesgo de suspender pagos. El peligro se salvó con la fusión de los Bancos de San Fernando y de Isabel II. La entidad resultante conservó el nombre de Banco Español de San Fernando.

En 1849 fue nombrado director -luego, en 1851, con el título de gobernador- Ramón Santillán, experto en finanzas públicas y antiguo ministro de Hacienda. Santillán afrontó con éxito la difícil labor de sanear el Banco de las rémoras causadas por la fusión con el Banco de Isabel II. A comienzos de la década de 1850 se planteó la necesidad de extender la actividad crediticia y la emisión de billetes a toda la nación, no sólo a Madrid. Por ello Santillán planteó que el Banco de San Fernando -con el nombre de Banco de España- abriera sucursales en las principales ciudades, salvo en Barcelona y Cádiz, que contaban con sus propias instituciones emisoras. Pero, tras la revolución liberal de 1854, se impuso el criterio de permitir la creación de bancos emisores en provincias, con independencia del Banco de España, cuyo nombre quedó finalmente instituido en 1856. A pesar del nuevo y ambicioso título, su acción quedó reducida a Madrid y a las ciudades de Alicante y Valencia, donde abrió sus primeras sucursales. En 20 plazas (Barcelona, Bilbao, Santander, Sevilla, Málaga y otras) hubo bancos que difundían sus propios billetes.

En 1874, a consecuencia de las necesidades financieras del Gobierno comprometido, a la vez, en una guerra civil y en otra colonial, se dispuso, a cambio de un crédito de importancia, la concesión del monopolio de emisión al Banco de España. Los bancos provinciales tuvieron que optar por permanecer como bancos comerciales, sin facultad de imprimir billetes, o por integrarse en el Banco de España en calidad de sucursales. Este fue el origen de la red de agencias que el Banco de España llegó a tener en todo el territorio nacional, que alcanzó la cifra de 55 en 1887 y que, más adelante, aumentaría hasta 70.

La Ley de Ordenación Bancaria, promulgada en 1921, regulaba por primera vez las relaciones entre el Banco de España y la banca privada, intentando al mismo tiempo convertir al banco emisor en un auténtico banco central. Se amplió su capital, se le confió la inspección de la banca privada, se estableció un tipo de interés preferente para las operaciones de redescuento con los otros bancos y se empezó a regular a través del Banco de España la política de tipos de cambio con el exterior.

Precisamente fue en la defensa del tipo de cambio de la peseta en donde se manifestaría una creciente oposición entre el Gobierno y el Banco de España, a lo largo de la década de 1920 y en la siguiente -ya instaurada la Segunda República- hasta 1936. El principal motivo de disconformidad entre el Gobierno y la institución emisora era la capacidad de disponer de las considerables reservas de oro acumuladas por el Banco desde comienzos del siglo XX.

Tras la guerra civil de 1936 a 1939 -en la que se utilizaron las mencionadas reservas para la compra de armamento- la política financiera desarrollada por el Gobierno del general Franco se correspondió con la ideología autoritaria de su régimen. La Ley de Ordenación Bancaria de 1946 otorgaba al Gobierno la mayoría de las competencias en política monetaria, haciendo del Banco un mero apéndice del Ministerio de Hacienda. Tras el Plan de Estabilización de 1959, la política económica seguida por el régimen de Franco se hizo menos dirigista, tuvo en consideración los criterios de mercado en mayor medida y llevó a cabo una relativa apertura al exterior. Fruto de ese cambio de rumbo, en el sector financiero, es la Ley de Bases de Ordenación del Crédito y la Banca, de 1962, junto con otras normas complementarias, entre las que destaca el Decreto-Ley de 7 de junio de dicho año, de Nacionalización y Reorganización del Banco de España, en virtud del cual la institución emisora dejó de ser una sociedad privada. La Ley de Bases seguía confiando la responsabilidad de la política monetaria al Ministerio de Hacienda, pero se reconocían al Banco autoridad y competencias, en el orden técnico, para ejecutar y desarrollar las medidas correspondientes Directorio de España.

Una vez restaurada la democracia, en la segunda mitad de la década de 1970, el Banco de España completó, en fases sucesivas, su configuración como banco central y plenamente responsable de la regulación y supervisión del sistema financiero. Primero la Ley de Órganos Rectores del Banco de España de junio de 1980, y en fechas más próximas la Ley de Autonomía de junio de 1994 han garantizado al Banco una gran libertad y flexibilidad en la instrumentación de sus funciones, y muy especialmente en lo que se refiere a la política monetaria. Por último, y de acuerdo con lo establecido en el seno de la Unión Europea -a la que España pertenece desde 1986-, nuestra nación ha accedido a la Unión Monetaria, una vez cumplidos los criterios de convergencia acordados en 1994; en consecuencia el Banco de España ha quedado integrado en el Sistema Europeo de Bancos Centrales junto con los bancos centrales del resto de naciones de la Unión Monetaria y el Banco Central Europeo.

 

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